En enero de 2022 la Fundación, en su afán de mejora continua, participa como miembro de Coceder en un proyecto de innovación social aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, junto a 17 municipios repartidos por toda España.
Se trata de un proyecto experimental que finaliza en diciembre de 2024. Tiene como misión identificar claves que contribuyan al cambio de los modelos de cuidados, ponerlas en práctica y reunir evidencias que serán evaluadas por las universidades.
El fin último de esta investigación, es arrojar datos que influyan en futuras políticas sociales para modificar los modelos de cuidados y evitar la institucionalización no deseada.
Este proyecto está vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y financiado por la Unión Europea con los fondos Next Generation EU.
El primer semestre, junto al resto de centros, se diseñó una metodología de trabajo centrada en la persona para el desarrollo de una vida plena en su comunidad rural.
Después comenzó la fase de implementación. Hasta el momento se han realizado las 23 entrevistas (número máximo de participantes en este estudio), de ellas, ya hay 15 planes de vida en marcha y el resto están en proceso.
Para llevar a cabo los planes de vida se han puesto en marcha distintas actividades en la comunidad:
Ocio itinerante de verano (2 personas); Apoyo familiar y reeducación pedagógica (4 personas); Refuerzo de habilidades básicas (4 personas); Apoyo para el carnet de conducir y otras formaciones (3 personas); Empleo “joven ocúpate” (2 personas); Vida independiente (2 personas); Multideporte (1 persona)
El equipo profesional también ha aumentado, se cierra el año con 4 profesionales de apoyo cotidiano, 1 preparadora laboral, 1 terapeuta ocupacional, 1 educadora social y una persona que coordina el equipo.
Para llevar a cabo los planes de vida, se necesita implantar medidas de apoyo que incrementen las oportunidades de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, para que disfruten como ciudadanos de pleno derecho en las comunidades de las que forman parte, independientemente de la naturaleza del nivel de apoyo requerido por cada persona.