Ir al contenido

Número 61

Publicado el 27-03-2020

El sábado 14 de marzo el gobierno de España decretó el estado de alarma debido a la epidemia mundial del COV-19. Una de las medidas que vienen recogidas en la declaración del estado de alarma es la obligatoriedad del confinamiento domiciliario de la población como medida para contener la expansión de la infección por Covid-19 y proteger la salud de cada uno y cada una de nosotras.

Esta situación está teniendo consecuencias sociales, económicas y familiares  que nos  afectan a todos  y todas, peroespecialmente  tendrá un impacto mayor en los hogares en situación de pobreza con menores recursos y menos opciones, con empleos precarios y en aquellos con personas dependientes a cargo, o personas con problemas de salud y enfermedades crónicas. Para hacer frente a esta situación la administración del estado está obligada a llevar a cabo actuaciones decididas para combatir la vulnerabilidad que padecen estos grupos sociales en nuestro país

Hogares e infancia en pobreza, con más riesgo y menos opciones

La mitad de los hogares españoles tiene algún grado de dificultad para llegar a fin de mes. Los que ya están bajo el umbral de la pobreza pueden tener  menos opciones para obtener los recursos necesarios y hay más de 1 millón de personas que viven en hogares sin ingresos…

Las personas en pobreza en el empleo  alcanzan al 11% de la población ocupada, en estos tipos de trabajo si no se trabaja, no se cobra, es el caso de las trabajadoras domésticas, siendo el 98% mujeres. Las personas que trabajan en el sector privado, que no puedan acogerse al teletrabajo, se pueden enfrentar a tener que coger sus vacaciones, a que les descuenten el día de trabajo o a que les despidan, con consecuencias muy negativas sobre niveles de ingresos familiares que ya están muy ajustados para la mitad de la población.

Todos estos hogares tienen dificultades para gestionar gastos extraordinarios y por todo ello  se verá más afectada la infancia que ya estaba en riesgo de pobreza.Además, existe un 5,5% de población española que no puede permitirse un ordenador,  por lo que los y las menores de estos hogares no podrán acceder a las clases on line que se están llevando a cabo.

Las personas con mala salud y enfermedades crónicas se verán más afectadas y especialmente, aquellas que además viven en pobreza y exclusión social.

El estado de salud es claramente más deficiente entre las personas en situación de pobreza, tanto la salud percibida, como por la existencia de enfermedades crónicas y limitaciones básicas de la vida diaria. Por otro lado las personas extranjeras en situación irregular, no tienen un  acceso adecuado y pleno a la atención sanitaria en todas las Comunidades Autónomas por lo que constituyen un grupo de riesgo. Y las personas sin hogar, máxima expresión de exclusión social,  están totalmente vulnerables sin un hogar donde cuidarse, ni medios para su higiene, solo disponen de albergues que siendo una medida necesaria son también una mayor exposición a la enfermedad.

Impacto en la desigualdad de género.

El cuidado de la vida de las personas dentro del hogar es aún una tarea mayoritariamente realizada por mujeres  y  con esta crisis sanitaria, es probable que se agudice la sobrecarga sobre estas. También son preocupantes en el confinamiento las probabilidades de aumento de la violencia y/o desprotección de las mujeres.

 

Personas con diversidad funcional

Las personas con diversidad funcional, también  están obligadas a respetar las medidas tomadas por el Gobierno para gestionar la situación de crisis sanitaria creada por el COVID-19, entre otras las  severas limitaciones a la libertad de circulación.

Esta situación ha supuesto  en algunas personas con diversidad funcional consecuencias muy negativas ante la dificultad de permanecer indefinidamente en sus domicilios confinadas. Muchas personas necesitan  acceder a la vía pública como indicación terapéutica y de tratamiento de su discapacidad o condición de salud. Debido a esta situación se solicitó al Ministerio del Interior que precisase con urgencia las condiciones en las que determinadas personas con diversidad funcional  pueden acceder a la vía pública,estableciendo con precisión, claridad y seguridad el carácter justificado de estas salidas. Como consecuencia se logró una modificación del decreto para permitir estas salidas de forma contralada provistos del certificado  de discapacidad para presentar si es requerido.

Otra dificultad que pueda afectar a la situación de algunas personas con diversidad funcional, esno entender la actual situación o perder las rutinas que les aportan seguridad y tranquilidad. Y en lo relativo al campo educativo también se ven perjudicadas ya que para muchos de estos/as  jóvenes no es posible acceder a las aulas virtuales por lo que verán limitado su acceso a la educación.

Estas diferentes situaciones pueden suponer mayores dificultades a las personas y sus familias ante esta excepcional situación. Desde aquí queremos mostrar todo nuestro apoyo y reiterar que ante cualquier necesidad no dudéis en poneros en contacto con nosotros, procuraremos buscar la información o el recurso más oportuno.